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Unidas Podemos, socio del Gobierno de coalición, quiere que la Fiscalía y la Abogacía del Estado exijan responsabilidades por mala praxis en los seísmos causados por el proyecto de almacenamiento de gas Castor en 2013, que desembocaron el fin de su actividad y, posteriormente, una millonaria indemnización a la concesionaria Escal UGS, propiedad de la constructora ACS. Así lo demandan en una proposición no de ley registrada en el Congreso, y a la que ha que ha tenido acceso Europa Press, en la que también piden hacer público a la mayor brevedad posible un calendario de desmantelamiento de todas las instalaciones y aprobar las medidas económicas para hacer efectivo este proceso.

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