El Fortí:El mito del liberalismo. Finaliza reinado de Isabel II.

MARIAN FONELLOSA

Crisis y caída de Isabel II
A principios de 1866 estalló la primera crisis financiera de la historia del capitalismo español. Aunque estuvo precedida de la crisis de la industria textil catalana, el detonante de la crisis fueron las pérdidas de las compañías ferroviarias, que arrastraron con ellas a bancos y sociedades de crédito. A esta crisis se sumó una grave crisis de subsistencias en 1867 y 1868 motivada por las malas cosechas de esos años. Los afectados no fueron los hombres de negocios o los políticos, como en la crisis financiera, sino las clases populares debido a la escasez y carestía de productos básicos como el pan. Se desataron motines populares en varias ciudades, como en Sevilla, donde el trigo llegó a multiplicar por seis su precio, o en Granada, al grito de “pan a ocho” (reales). La crisis de subsistencias se vio agravada por el crecimiento del paro provocado, a su vez por la crisis económica desencadenada por la crisis financiera, que afectó sobre todo a dos de los sectores que más trabajo proporcionaban, las obras públicas -incluidos los ferrocarriles- y la construcción. La coincidencia de ambas crisis, la financiera y la de subsistencias, creaba unas condiciones sociales explosivas que daban argumentos a los sectores populares para incorporarse a la lucha contra el régimen isabelino.

No hay una relación causa-efecto entre la crisis económica y la Revolución de 1868, aunque no se puede ignorar la importancia que aquella gran crisis del capitalismo español iniciada en 1864 tuvo en la percepción general de las élites políticas y económicas: el convencimiento de que el régimen isabelino, reducido finalmente a una pequeña camarilla político-clerical, se había aislado por completo de la realidad nacional. A los ojos de una buena parte de la sociedad española, aquello era el final de una época. La grave crisis de subsistencias en los años 1867-1868 acabaría de generalizar esa sensación de catástrofe nacional que se apodera del país en la última etapa del reinado de Isabel II. La crisis económica aceleró el deterioro político del régimen isabelino.
El pacto de Ostende entre progresistas y demócratas exiliados, que recibe su nombre por el de la ciudad de Bélgica donde se firmó el 16 de agosto de 1866, fue iniciativa del general progresista Juan Prim con el objetivo de derribar la Monarquía de Isabel II. Tras el fallecimiento de O’Donnell, Prim y Serrano firmaron un acuerdo en marzo de 1868 por el que la Unión Liberal se sumaba al mismo. Con ello la Unión Liberal aceptaba la entrada en un nuevo proceso constituyente y en la búsqueda de una nueva dinastía, y por la soberanía única de la nación y el sufragio universal. Prim, héroe militar, con dotes políticas, aprovechará el mito para capitanear los pronunciamientos que iran identificando su nombre con el emblema de Libertad. Progresistas, democrátas y unionistas tenían como único denominador común su estrategia a corto plazo: acabar con el régimen y la dinastía que lo encarnaba.
La respuesta del gobierno de Narváez fue acentuar su política autoritaria. Las Cortes cerradas en julio de 1866 no volvieron a abrirse porque fueron disueltas y se convocaron nuevas elecciones para principios de 1867. La “influencia moral” del gobierno dio una mayoría tan aplastante a los diputados ministeriales que la Unión Liberal, lo más parecido a una oposición parlamentaria, quedó reducida a cuatro diputados. Además, en el nuevo reglamento de las Cortes aprobado en junio de 1867, tres meses después de haber sido abiertas, se suprimió el voto de censura, reduciendo así sensiblemente su capacidad para controlar al gobierno. En abril de 1868 fallecío el general Narváez y la reina nombró para sustituirle al ultraconservador Luis González Bravo que siguió con la política autoritaria y represiva de su antecesor.
Nota: este artículo es más corto, por la finalización de un ciclo histórico.