De aquí y de allá: Usurpar la voz del pueblo

MANUEL MILIÁN   

¿Es razonable arrastrar a todo un pueblo al desafío, cuando ni siquiera los impulsores representan la voluntad del 50 % de la ciudadanía? ¿Es legítimo impulsar a la sociedad entera a un reto imposible, a sabiendas de que es imposible? ¿Es legítimo  (legal, de ninguna manera) atribuirse la voluntad de quienes piensan lo contrario a lo que postulan los componentes de una mayoría de diputados que no se corresponde con la mayoría social?    Mis interrogantes constituyen, o debieran constituir, un problema de conciencia para nuestros políticos. De no plantearse siquiera este supuesto, habría que concluir que estaríamos ante una hipotética usurpación del poder de representación ¿Qué explicación, sino, tiene la demencial escenografía que vivimos de desafío al Estado y de grave conculcación de la Constitución que votó afirmativamente el 90,5 % del 67,9 % de los catalanes en su día? Quienes vivimos aquellas circunstancias y conocemos las de hoy, expresamos nuestra perplejidad ante los acontecimientos actuales: sinrazones, eclipse del seny, pueblo en la calle (¿serán capaces algún día de regresarlo a sus lares?), mentiras, ilegalidades, encarcelamientos “preventivos” sospechosos, amurallamiento de ambas partes, supremacismo huero, frentismos, etc., con la perspectiva del ultimo escenario: el enfrentamiento directo ¿Llegará?

 Escuchar la acusación de “traidor” en determinadas bocas mordaces; atender al calificativo de “rata” a un determinado político de boca del compañero de partido y gabinete; ver florecer de nuevo el odio en determinadas expresiones públicas y privadas, conocer los descalificativos y los vetos… me parece más propio de los tiempos de Azaña, Valle Inclán o Benito Pérez Galdós que de nuestra supuesta sociedad bien formada. Una tal contradicción podría poner las bases para un revisionismo del sistema o el cuestionamiento de esta Democracia que saldría muy herida –sino derrotada-  del contencioso catalán gracias a la ceguera de unos y otros.

Porque ¿se puede considerar en verdad política la actitud del gobierno de Rajoy? ¿Estamos en condiciones de aventurar que la Justicia en España emplea los inexorables “requisitos de “independencia”, “libertad” y “prudencia”?    La mayor de las imprudencias es arrastrar un pueblo a un conflicto visceral, emocional, irracional ¿Dónde queda el axioma de que “la política es el arte de lo posible”? Enclaustrarse en la negación de todo diálogo, permisible desde el fundamental, y constitucional, derecho de discrepar, cuestionar o rechazar teóricamente, dialécticamente, postulados constitucionales, no se me antoja un crimen, ni un desdoro en una sociedad política madura. Ni cerrar la boca al ciudadano es democrático, ni negarse al dialogo es legítimo strictu sensu en un sistema de libertades como el nuestro; de igual manera que no respetar el principio de “un hombre, un voto”, paréceme una grave desviación democrática. Lo cual es hoy un innegable factor de desequilibrios sustanciales en lo referente a la representatividad política ¿Por qué un voto de Lérida vale más que otro de Barcelona? ¿Por qué el Parlament de Catalunya o las Cortes españolas no representan exactamente el voto de sus ciudadanos?

Si el gobierno Rajoy continua terco en su postura, será inevitable la urgencia de revisión de la Ley Electoral (ley trampa), el sistema de listas cerradas (dictadura de partidos y amiguismos) y la propia Constitución de 1978 ¿Se apercibe, acaso, que nuestro actual sistema de partidos secuestra de facto la Constitución y la Democracia? Creo llegada la hora del revisionismo en profundidad, y que retorne al elector el derecho de votar libremente listas abiertas. Y poner en vereda a los partidos a la hora de manipular la opinión ciudadana y abusar del privilegio de representación ciudadana.