VOX logra que el Ayuntamiento de Benicarló apruebe la prohibición del burka y el niqab en edificios municipales
SENSE CATEGORIA 26 febrer, 2026 Vinaròs News
V9X BENICARLÓ
El concejal de VOX en el Ayuntamiento de Benicarló, Ulpiano Mayoral, ha señalado que “con esta decisión, Benicarló da un paso más en la defensa de la libertad, la seguridad jurídica y, especialmente, en la protección de la dignidad de la mujer en los espacios públicos”.
El Pleno ordinario correspondiente al mes de febrero ha aprobado la propuesta presentada por VOX para prohibir el acceso a dependencias municipales a aquellas personas que porten prendas que oculten totalmente el rostro, como el burka o el niqab, o cualquier otro elemento de efecto equivalente.
Principios de convivencia e igualdad
Mayoral ha explicado que la medida no es una cuestión estética o cultural, sino de principios básicos de convivencia, seguridad y respeto a la igualdad entre hombres y mujeres. Según el concejal:
El burka y el niqab no son simplemente prendas de vestir.
Representan una expresión de imposición cultural que borra el rostro de la mujer y la aparta del espacio público.
La identidad de la mujer se convierte, bajo estas prendas, en algo secundario.
Las instituciones públicas deben garantizar que la igualdad no sea negociable y que la dignidad personal prevalezca sobre el relativismo cultural.
Seguridad y funcionamiento administrativo
Además de los valores sociales, Mayoral subrayó que la medida responde a criterios objetivos de seguridad y al correcto funcionamiento de la Administración:
Identificación clara: En las dependencias municipales se gestionan expedientes y datos sensibles; los empleados públicos deben poder identificar con claridad a las personas que atienden.
Competencia legal: El Ayuntamiento tiene competencia para regular el acceso a sus instalaciones de forma proporcionada y razonable dentro del marco legal.
Norma general: El concejal concluyó que no se señala a nadie por su religión o procedencia, sino que se establece una norma objetiva para garantizar la seguridad jurídica y el buen funcionamiento de los servicios públicos.