Vinaròs pagará 1.6 millones de una sentencia con la adhesión al fondo de impulso económico

X.FLORES-E.FONOLLOSA

El Ayuntamiento de Vinaròs aprobó en el pasado pleno adherirse al fondo de impulso económico 2022 para sentencias firmes del Ministerio, con el fin de financiar 1.580.451 euros con los que pagar una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia en la Unidad de Ejecución UE2R09, “PAI de la Torre Ballester”.

En 2018 el Ayuntamiento fue condenado por el TSJ a pagar esta sentencia -reclamada por los propietarios, que se vieron perjudicados por la reducción del aprovechamiento urbanístico tras la aprobación del PGOU de 2001- por un importe de 1.280.000 euros, pero la demora ha incrementado en 300.000 euros los intereses.

La concejala de Hacienda, María Cano, explicó que la adhesión a este fondo se hace para obtener unas condiciones más beneficiosas a la hora de pagar sentencias firmes.

La aprobación en el pleno se hizo con los votos a favor de todos los grupos y el voto en contra del PP. El portavoz popular Juan Amat, acusó al equipo de gobierno de tener que pagar 300.000 euros de intereses “por su nefasta gestión”. “Si había una sentencia que dictaba que había que pagar 1.280.000 euros, hay que preguntarse porqué terminamos pagando los vinarocenses 1.580.000, y la respuesta es que ustedes son los únicos responsables”, dijo. Según Amat, “el propietario solicitó la indemnización el 15 de mayo de 2015, y el Ayuntamiento se la denegó por silencio administrativo 6 meses después, bajo el gobierno de ustedes. En noviembre de 2018 la sentencia obligaba a pagar la sentencia más los intereses, y después la sentencia del TSJ en 2020 volvió a condenar al consistorio. Los años han ido pasando y cada vez, por su negligencia, la cantidad a indemnizar ha sido mayor”.

El alcalde, Guillem Alsina, cerró el turno de intervenciones recordó que en 2014 ya se pagaron por otra sentencia en este PAI un total de 1,4 millones. “Los más de 2,7 millones que ha generado en sentencias desfavorables la gestión de este PAI no ha sido por culpa de este equipo de gobierno. Este caso solo tiene un padre, y es el PP de Jacinto Moliner”, alcalde que aprobó el PGOU en 2001.

María Dolores Miralles, del PVI, lamentó que la sentencia no se hubiera pagado antes, incluyéndolo en el presupuesto actual, para evitar los casi 300.000 euros de intereses de demora, aunque consideró que adherirse al fondo es necesario y apoyó la propuesta.

Manuel Herrera, de Ciudadanos lamentó el haber llegado a este punto “debido a la mala gestión y los errores de gobiernos anteriores del Ayuntamiento que nadie asume pero que pagan los ciudadanos”.

El llamado “Caso Arizmendi” se remonta al año 1986, cuando se firmó el convenio de urbanización de la finca de la zona de la torre Ballester, que fue recogido en la revisión del PGOU de 1988. Cuando en 1995 el PP ganó las elecciones emprendió una revisión del plan general que culminó en la aprobación del PGOU de 2001, que dejó sin validez el convenio firmado con Arizmendi. Ante esta anulación, el propietario inició acciones judiciales contra el ayuntamiento, al considerar vulnerados sus derechos urbanísticos.