Primera sentencia tras la anulación del PAI del Vinalab

X.FLORES-E. FONOLLOSA

El Ayuntamiento de Vinaròs ha recibido una sentencia del sector SUR 14, “PAI de Verdera” o “del Vinalab”, que obliga a abonar a un propietario 385.000 euros en concepto de devolución de cuotas abonadas. De esa cantidad, como ha indicado el edil popular Juan Amat, 80.000 euros corresponden a intereses que el consistorio vinarocense podría haberse ahorrado si se hubiera actuado con previsión, según este concejal del PP.

Amat ha considerado que tras esta primera sentencia puede haber una cascada de reclamaciones y el consistorio deberá abonar más cuotas e intereses a propietarios de terrenos de este sector. Según Amat, “queda por ver qué pasará con el resto de cuotas, pero la inacción del tripartito puede costar a Vinaròs mucho dinero”, Amat recordó que El PP ya había avisado que en los presupuestos municipales de este año el equipo de gobierno no había previsto los pagos que el Ayuntamiento deberá realizar a los propietarios que ya han pagado las cuotas correspondientes a este PAI, tras haber declarado su nulidad el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Así lo ha recordado Amat, lamentando que el Ayuntamiento no hubiera propuesto en nueve meses soluciones para afrontar devolución de las cuotas abonadas y sus intereses.

GESTIÓN DIRECTA

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Vinaròs para garantizar el derecho de los propietarios, concluirá por gestión directa el sector residencial SUR14, que está actualmente ejecutado al 80%, como informó recientemente el concejal de Ordenación del Territorio, Jan Valls. En mayo de 2003 la mercantil Promocasanova SL presentó el proyecto para el desarrollo del sector SUR 14. Se proponía entonces el desarrollo de solo una parte del sector, es decir 12.176 metros cuadrados, de los 42.215 metros cuadrados que constituye todo el ámbito.

El importe en concepto de cargas de urbanización era de 1,2 millones. Posteriormente hubo alegaciones y el Ayuntamiento propuso que se desarrollara, a petición de los propietarios, la totalidad del sector y no solo la parte propuesta por la mercantil. En julio de 2004 la mayoría de propietarios del ámbito presentaron escrito en el que prestaron su conformidad a la propuesta de desarrollar todo el ámbito. En octubre de 2004 se presentó el nuevo plan parcial de mejora para desarrollar todo el sector y el importe total de las cuotas de urbanización, que eran de 5,7 millones.

En julio de 2007 se suscribió el convenio urbanístico con el urbanizador, que con posterioridad solicitó iniciar expediente de retasación de cargas por conceptos como los costes de ejecución de una obra especial de un puente, proyectos de impactos negativos en la N-340 solicitado por Carreteras y un estudio de prospección arqueológica. En 2008 el Ayuntamiento aprobó esta retasación de cargas tras no presentarse alegaciones y se notificó a los propietarios.

Sin embargo, un propietario interpuso un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de aprobación y adjudicación del PAI. Fue desestimado en primera instancia, pero interpuso de nuevo recurso ante el TSJCV, que le dio la razón y anuló el PAI estando la obra de urbanización al 80% de su ejecución. El propietario solicitó entonces al Ayuntamiento la devolución de lo pagado en cuotas de urbanización, una petición desestimada en primera instancia pero que ha sido recurrida y se está ahora a la espera de la resolución definitiva.

L’Ajuntament assegura que el PAI de Verdera continua en procés judicial