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Pesadilla por unos arrendatarios conflictivos en Alcossebre Pesadilla por unos arrendatarios conflictivos en Alcossebre
JAVIER ORTÍ Ana Ferrer Cazorla y Albert Pérez Cervera iniciaron su calvario el 1 de octubre de 2019, cuando alquilaron su apartamento en Alcossebre... Pesadilla por unos arrendatarios conflictivos en Alcossebre

JAVIER ORTÍ

Ana Ferrer Cazorla y Albert Pérez Cervera iniciaron su calvario el 1 de octubre de 2019, cuando alquilaron su apartamento en Alcossebre a unos inquilinos que pronto dejaron de pagarles y, además, acabaron con la buena convivencia vecinal en el bloque de viviendas. La pesadilla para esta familia comenzó, según relatan, cuando un mes después de la firma del contrato sus arrendados dejaron de pagarles. «No han ingresado ninguna mensualidad más. Nos han engañado con sus supuestos trabajos desde el inicio, siempre han esgrimido excusas diversas, primero con la supuesta empresa que los había contratado y después con los servicios sociales, son unos profesionales de vivir de esta forma», señala Pérez.

A los primeros impagos pronto se sumó una actitud tóxica con los vecinos que ha hecho que a lo largo de dos años la Guardia Civil haya tenido que personarse en numerosas ocasiones para tratar de apaciguar la situación. «Los problemas han sido constantes y los vecinos están desesperados. A una vecina le llegaron a arrojar insecticida en los ojos, a otros les han amenazado hasta el punto de que no utilizan el parking comunitario para que no les rompan el coche», lamenta Pérez.

VIVIR A COSTA DE AYUDAS SOCIALES

 Los morosos, según denuncian, saben cómo arreglárselas para vivir a costa de las ayudas sociales y beneficiarse de los derechos que tienen las personas en riego de exclusión. «Vaya por delante que nosotros somos los primeros en defender a los servicios sociales y las ayudas que perciben las familias que se encuentran en esta situación, el problema son las personas que viven a su costa y que se aprovechan del sistema, como nuestros inquilinos», subrayan. Y es que, según explican, «cuando les exigimos el pago de la tercera mensualidad que adeudaban con una actitud prepotente nos dijeron que no iban a pagarnos nada y que, como estaban declarados en régimen de riesgo de exclusión, sabían que no se les podría cortar ni la luz ni el agua», afirman.

VIACRUCIS JUDICIAL

A finales del 2019, vista la situación generada, Ana y Albert iniciaron un viacrucis judicial que aún colea. «Cuando vimos que nos estaban tomando el pelo denunciamos, pero han pasado dos años y aún no hemos podido recuperar la vivienda», explica Pérez. «Una vez fueron conocedores de que habíamos recurrido a la justicia, me pusieron una denuncia por agresiones. Tuve que ir a juicio y esperar hasta que la juez sentenció que los hechos eran falsos y me exoneró», recuerda.

La vista se celebró, después de dos aplazamientos del juicio, el pasado 2 de junio. En ella, la titular del Juzgado número 5 de Vinaròs falló ordenar el desahucio de los arrendatarios para el próximo 8 de septiembre y condenarlos al pago de 8.000 euros por las deudas contraídas. Pérez y Ferrer, por su parte, se muestran escépticos y temen lo peor una vez se ejecute el lanzamiento. «Hemos perdido más de 10.000 euros, tuvimos que malvender el garaje para hacer frente a la hipoteca y otros gastos, y ahora cuando entremos en el apartamento esperamos lo peor, sabemos que lo habrán destrozado», lamentan. Ana y Albert esperan que su caso sirva para que otros propietarios no pasen por lo mismo. «Todo parecía normal, iban bien vestidos y tienen un coche de alta gama, son unos profesionales de vivir a costa de otros», aseguran. Por otra parte, lamentan que la justicia y los servicios sociales no hayan podido actuar con más celeridad.

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