La Diputación aúna a los municipios más grandes contra los desahucios

NOTA DE PRENSA

La Diputación de Castellón ha abanderado esta mañana junto al Colegio de Abogados de Castellón y seis de los ayuntamientos más grandes de la provincia una iniciativa para frenar los desahucios y garantizar el acceso a la vivienda a todos los castellonenses.

La iniciativa, impulsada por el presidente del Gobierno Provincial, Javier Moliner, se ha materializado con la firma del convenio de colaboración entre la agrupación provincial de letrados y los consistorios de Benicarló, Burriana, Castellón de la Plana, Onda, Vila-real y Vinaròs, relativo a la prestación del servicio de asesoramiento y mediación en las reclamaciones hipotecarias contra la vivienda habitual.

Moliner ha puesto en valor el acuerdo alcanzado con seis de los municipios con más de 20.000 habitantes de la provincia. hoy hemos dado un nuevo paso a la hora de prestar un servicio como éste en los municipios más grandes de la provincia. “Se trata de un servicio de la mano del Colegio Oficial de Abogados que precisamente busca estar al lado de los que más lo necesitan. A través de este servicio, personas que han tenido problemas hipotecarios reciben asesoramiento y ayuda para evitar situaciones extremas como lo es un desahucio. Es un recurso que ha evitado muchos desahucios, mucha gente que tenía serias dificultades ha podido llegar a un acuerdo con las entidades financieras”.

No obstante, el presidente cree necesario el mantenimiento de este servicio puesto que “aunque la situación económica es mejor, todavía hay familias castellonenses que desgraciadamente necesitan este servicio porque por sus circunstancias personales hoy están sufriendo las consecuencias de la crisis, y seguimos estando a su lado de la mano de los ayuntamientos en un ejercicio de lealtad institucional y de trabajo conjunto para prestar un servicio que individualmente sería muy complicado que lo hicieran”.

Es por ello que la Diputación de Castellón ha querido mantener esta medida antidesahucio que permite habilitar en las casas consistoriales de los seis municipios un servicio de asesoramiento jurídico a las deudas de prestamos hipotecarios que no pueden afrontarlos y de mediación entre dichos deudores y sus respectivas entidades acreedoras.