La despoblación severa afecta a 18 municipios del interior de Castellón

BARTOMEU ROIG

La provincia de Castellón reúne a la mitad de localidades de la Comunitat en riesgo de despoblación, pero este porcentaje se eleva hasta el 80% si se tiene en cuenta el criterio de peligro severo de desaparición, que se aplica a aquellos municipios con menos de 100 habitantes. De los 23 pueblos con un censo que no llega a los tres dígitos, 18 tienen como ubicación el interior castellonense.

El Consejo Económico y Social de la Comunitat (CES-CV) pone otra vez de manifiesto esta situación, que califica de «grave problema», y de «proceso lento, pero imparable», con una serie de carencias que se han incrementado desde la aparición de la pandemia. Un fenómeno que también va ligado a unas tasas muy negativas de crecimiento vegetativo, donde las personas que salen del censo por traslado a otros municipios o fallecimientos son muy superiores a las incorporaciones. Y también se da un elevado envejecimiento de la población.

El único aspecto positivo que recoge la memoria del CES-CV del 2020 tiene que ver con la lista de 171 localidades en riesgo alto. Un total de 86 son de Castellón, pero son menos que en el 2019. Fuente la Reina, Jérica y Sant Rafael logran salir, y las nuevas incorporaciones proceden de las otras provincias de la Comunitat.

Una vez más se pone de manifiesto la enorme diferencia existente entre el interior y la costa. El 80% de los 5 millones de habitantes de la Comunitat se concentran cerca del mar. El presidente del CES-CV, Carlos Alfonso, ya apuntó que durante los meses marcados por la pandemia «han aumentado las carencias en zonas rurales y se han evidenciado los problemas en servicios como la falta de oficinas bancarias, la lejanía de centros médicos y falta de equipamientos».

Por ello, consideran que hay carencias a corregir, y en un tiempo lo más breve posible. Proponen un nuevo discurso de la ruralidad; la adopción de un enfoque territorial supramunicipal, el refuerzo de la cooperación público-privada para maximizar la movilización de los recursos o adaptar los procesos administrativos y marcos legales a la realidad del medio rural. También reclaman recetas más ágiles en materia administrativa y en las respuestas a las necesidades de vivienda y suelo empresarial, una política fiscal diferenciada y mejor conectividad.

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