El rotativo El Mundo ha dedicado este jueves una de sus editoriales al proyecto Castor:
El Gobierno afronta una situación embrollada por el pago de la controvertida indemnización de 1.350 millones de euros a los propietarios del fallido proyecto gasístico Castor. Este asunto ha revelado la necesidad de reforzar la normativa que regula las adjudicaciones públicas con un objetivo claro: endurecer los requisitos de transferencia de riesgos que asumen las concesionarias en caso de que fracasen sus inversiones. Esta adjudicación, que se firmó con un Gobierno socialista, se vio paralizada cuando la exploración del antiguo yacimiento de petróleo (situado frente a la costas de Tarragona y Castellón) desencadenó unos temblores de tierra.
Lea completa la editorial de EL MUNDO.