MARIAN FONELLOSA
Apuntes históricos (2)
En 1832 se toman una serie de medidas para la racionalización de la Administración, entre ellas, la creación del Ministerio de Fomento, y en el ejército las dirigidas al control o sustitución de mandos proclives al infante Carlos, además de un decreto que advertía sobre cualquier oposición al legítimo Gobierno.
Las respuestas de los carlistas se multiplicaron en 1833, salpicadas de incidentes en algunos puntos, conspiraciones en Palacio con parte de una camarilla cortesana sensible todavía a la causa carlista, en una espiral apenas contenida hasta la muerte del monarca que desató el levantamiento armado. En Madrid tuvieron eco los alborotos carlistas del 2 de enero, en el que participó la Guardia Real y del 19 de marzo. Mientras tanto, la ruptura se consumó entre la familia real y a principios de marzo el infante Carlos preside por última vez el Consejo de Estado y sale del país hacia el Portugal migueslista, junto con la princesa de Beira. El 29 de junio de 1833 se procedió a la solemne jura de la princesa Isabel como heredera de la Corona y el 29 de septiembre fallecía Fernando VII. Era el último episodio que definía las opciones sobre el futuro del país. Una reina, Isabel, en minoría de edad, sería proclamada reina el 25 de octubre con tres años de edad. Mientras tanto la Regencia de su madre María Cristina de Borbón que se mantendría hasta su relevo por Espartero en 1840. Para los realistas-carlistas ya no había ningún obstáculo, ni otra estrategia de sus resistencias que el levantamiento armado y a primeros de octubre una secuencia de sublevaciones inauguró una guerra civil de siete años, cuyo discurrir precisamente influiría en una transición que derivó hacia la ruptura liberal.
Para la Reina Gobernadora María Cristina y los reformistas se planteaba una doble opción que sostuviera la causa “isabelina”. Por un lado, la estabilización del régimen por la senda de las reformas administrativas sin profundizar en una apertura política que ya había tenido sus límites con la amnistía y el regreso de los exiliados. Como segunda opción, cada vez fue adquiriendo más consistencia entre sectores de las elites militares, políticas y económicas la idea del reformismo político, más de naturaleza posibilista que por vocación liberal, precisamente para sostener el régimen y la causa isabelina y evitar el derrumbamiento del Estado.
La fórmula de compromiso, o de transición pactada con el Estatuto de 1834, que bajo la forma de convocatoria de Cortes establecía el molde jurídico y político de un régimen híbrido de cierto tono representativo y fuertes poderes de la Corona, representaba el reacomodo de sectores de las elites procedentes o vinculadas al Estado absoluto, o de la oposición liberal más moderada, que pretendían resolver así la apertura política al mismo tiempo que la legislación en materia económica y administrativa se enfocaba hacia la liberalización y el mercado. Todo ello en un contexto de guerra civil. El régimen del Estatuto se sostuvo durante dos años, derivando el proceso de transición, con el concurso de la propia guerra, hacia otra fórmula no contemplada en 1834, pero ya irreversible en 1836: la ruptura liberal.
La Regencia de María Cristina representa el ensayo de un liberalismo plasmado en el sistema político diseñado por el Estatuto Real, que, aunque recortado, supone un paso adelante con respecto al absolutismo fernandino, pero que tampoco dejó satisfechos a ciertos sectores de la burguesía ni de las capas populares ampliamente politizadas en favor de la Constitución de Cádiz, que muy pronto manifestaron su oposición.
EL FORTÍ VINARÒS INTERCULTURAL