El dilema de la AP-7: pagar por usarla o tener un mantenimiento deficiente

BARTOMEU ROIG

La llegada de 2020 fue histórica para los conductores de Castellón. Las barreras de la autopista AP-7 se levantaban para siempre y el uso de la principal vía de transporte de la provincia pasaba a ser gratuito. La satisfacción inicial, con pandemia entre medias, ha dado paso a valoraciones contrapuestas. La carretera sufre un fuerte incremento del tráfico, al pasar de unos 22.000 a 45.000 vehículos diarios, de los que unos 15.000 son camiones. Esto genera un desgaste mayor del firme.

Hasta la liberación del peaje, las mejoras y el mantenimiento iban a cuenta de la empresa concesionaria, que se financiaba con el dinero de los usuarios. Desde entonces, estas tareas corresponden al Ministerio de Transportes, con recursos limitados y una consecuencia: el firme se degrada y el aumento del tráfico, sobre todo del pesado, empeora las condiciones de seguridad.

El asunto no forma parte de las declaraciones políticas. Al menos, en la Comunitat Valenciana. Se puede considerar como una medida impopular a las puertas de un año electoral de gran trascendencia. Pero hay voces que empiezan a hablar de la necesidad de establecer un pago por el uso de las vías de alta capacidad como la AP-7.

Cristian Bardají es el director del área de Movilidad del RACC, una entidad que en los últimos años ha analizado la situación de la autopista, especialmente desde que el levantamiento de los peajes se extendió por toda Cataluña. “Hay un déficit de mantenimiento a gran escala, y las condiciones de circulación se degradan cada vez más”, expone. El año pasado, esta entidad hizo una encuesta a los usuarios. “Muchos de ellos respondieron que se encuentran agujeros en el asfalto, cosa que no ocurría en la época de la concesión”, añade.

Ante estas circunstancias, pone encima de la mesa la idea de tener “recursos finalistas dedicados al mantenimiento de estas vías, aportados según el criterio de que pague quien la use”. Pese a ello, afirma que no sería un peaje. “Antes se pagaba para amortizar la construcción y el propio mantenimiento, mientras que esta medida sería solo para el mantenimiento”, indica Bardají. Si antes el coste era de aproximadamente un euro por cada 10 kilómetros, “los importes tendrían que ser muy inferiores, de un euro por cada 100 kilómetros”, apunta.

El mismo planteamiento aporta Carmen Castro, portavoz de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana. “Es urgente avanzar hacia un modelo sostenible y estable de financiación de las carreteras. El modelo actual, basado en que toda la conservación dependa de los Presupuestos Generales del Estado, es inviable”. Menciona que en Europa “el 73,8% de la red de autopistas ya está sujeto a peaje”. El coste para el ciudadano sería “de tres céntimos por kilómetro para vehículos ligeros, lo que equivale a 111 euros anuales por usuario, una cifra idéntica al coste medio actual que ya pagan todos los contribuyentes, usen o no las autovías, a través de sus impuestos para la conservación viaria”, defiende.

DISCREPANCIA ENTRE LOS TRANSPORTISTAS

Desde el transporte de mercancías se tiene una idea muy distinta. La secretaria general de la patronal castellonense ACTM, Lara San Miguel, afirma que el sector expresa “su malestar ante la incertidumbre del pago por uso de las carreteras”. Detalla que estas compañías “aportan más de 16.500 millones de euros anuales a las arcas del Estado a través de su fiscalidad específica, y consideramos que esta aportación es más que suficiente”. Además, defiende que el mal estado de la carretera “no es culpa del transporte pesado, sino de una infraestructura obsoleta que no ha recibido inversiones para adaptarse al crecimiento actual”.

El debate está planteado, aunque no parece que forme parte de los programas electorales ante las citas con las urnas de 2027. En 2021, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aparcó la cuestión ante la falta de consenso. Recientemente, el presidente catalán, Salvador Illa, planteó el pago por uso de la AP-7 ante el colapso que también sufre la comunidad vecina.

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