Desahucio en Peñíscola: “Nos han dicho que debemos esperar, pero no nos fiamos”

EMILI FONOLLOSA

Las 71 familias cuya vivienda alquilada en el bloque de pisos de la calle Maestro Roca 13 de Peñíscola está en proceso de adjudicación a la Sareb no se muestran tranquilos tras un comunicado de este organismo, porque “no nos fiamos, después de que ya nos hayamos sentido engañados” según dijo Laura Llopis, una de las vecinas.

Sareb en su comunicado aclaraba que todavía no es propietaria de ese inmueble y que la compañía no ha solicitado ningún lanzamiento. Las viviendas están a nombre de la promotora Nerer Inmobiliaria S.L que tiene una deuda impagada con Sareb superior a los 30 millones de euros avalada por varios activos, entre los que figura esta promoción. Sareb inició acciones judiciales contra Nerer para recuperar esa deuda y cumplir así con su mandato de repago de deuda y minimizar el coste para el contribuyente de la crisis financiera, según también aclaraba Sareb. En enero se celebró la subasta judicial de esas viviendas y la compañía está a la espera del decreto de adjudicación que dictará el juzgado y permitirá inscribirlas en el Registro de la Propiedad a nombre de Sareb. Llopis sin embargo apuntaba que “por mucho que la Sareb nos diga esto o como ayer el secretario de los juzgados nos dijo que esperemos, no nos podemos fiar, vamos a buscarnos un buen abogado especializado en estos temas para que nos refrende si hay que esperar y si ahora no podemos hacer nada más”. “Lo de esperarnos parece que nos lo dicen para que estemos calmados, peo no podemos hacerlo”.

Las familias afectadas se reunirán en los próximos días y ya contando con un abogado, podrán adoptar una actitud u otra. “Nos han dicho desde el juzgado que hasta que no salga la sentencia no nos pueden enviar de casa pero la sentencia no sabemos cuándo va a salir, cuando salga ya nos dirán o a la calle o si el que se lo queda negocia con nosotros…”. Sareb también detallaba en su comunicado que cuando obtenga la titularidad del inmueble, se pondrá a disposición de los vecinos y según los casos, aplicará el protocolo del Plan de Alquiler Social con Acompañamiento que se puso en marcha en 2022 para atender los posibles casos de vulnerabilidad.

Una treintena de personas afectadas   se concentraron este lunes por la mañana en el Palacio de Justicia de Vinaròs para intentar buscar una solución, ya que se van a ver obligados a abandonar su casa, a pesar de estar al corriente del pago de todos los impuestos y de sus respectivos contratos de alquiler, como justifican documentalmente.

Las 71 familias afectadas pueden verse en la calle  aunque tienen toda la documentación en regla.  Estas familias han recibido una orden judicial de desahucio del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Vinaròs a raiz de una denuncia de la SAREB. Esta resolución judicial “es firme y contra la misma no cabe recurso alguno”. Después de concentrarse frente al Palacio de Justicia de Vinaròs, los afectados entraron a las dependencias judiciales pidiendo soluciones y que les respeten el contrato de alquiler “porque nosotros lo estamos cumpliendo, estamos pagándolo, cuando se nos acabe si tenemos que ir, nos iremos”. Ahora van a buscarse un abogado común que defienda sus reivindicaciones.

Laura Llopis recordaba que la mayoría de “los inquilinos lo alquilamos a una empresa, al cabo de un tiempo esa empresa cambió por otra que era la nueva propietaria, sabíamos que estos pisos estaban en litigio y en algún momento pasarían a ser de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), pero mientras teníamos el contrato y el día en que el SAREB se lo quedara, los inquilinos tendríamos derecho a comprarlas”. Hace un año, se les conminó a aportar al juzgado el contrato de alquiler y el pasado 13 de mayo, debieron volver de nuevo con dicho contrato porque “debíamos demostrar que seguíamos viviendo allí, preguntamos si debíamos ir con el abogado y más documentos, y nos dijeron que no, lo que nos sorprendió”.  La mayor sorpresa fue la semana pasada cuando en cada buzón de los vecinos apareció un aviso para ir a recoger una sentencia en la que “nos vamos todos a la calle, sin posibilidad de recurso y la próxima notificación será para decirnos el día en que nos tenemos que ir”. “Ha habido quien ha aportado toda la documentación y a esa persona no se la desaloja, pero a todos los demás no nos la han pedido, lo que querían es que nos fuéramos a la calle, no nos han dado la opción de aportarla” añadía Llopis.  “Somos 71 viviendas con más de 200 personas afectadas que en cuestión de meses nos podemos encontrar en la calle, y en Peñíscola hay pocos pisos para alquilar y los que son para todo el año valen 800 ó 900 euros al mes” decía también.

Laura considera totalmente injusto que no se les hubiera informado correctamente de la documentación a aportar, algo que si hicieron los cinco inquilinos que no serán desahuciados.

Consideran los afectados que puede haber habido algún tipo de negligencia en los trámites, en este proceso, ya que después de pedirles el contrato de alquiler en mayo deberían también haberles citado para presentar más documentación como los recibos de agua o luz. En el procedimiento de ejecución hipotecaria se refleja que no comparecieron muchos afectados, cuando en realidad es que no les volvieron a llamar.

 Otra afectada, Estefanía Sosa, también contaba que “nos pidieron que presentáramos en el juzgado el contrato de alquiler, yo llevaba el resto de los documentos también como facturas de luz y agua, el contrato para tener internet en casa, empadronamiento, etc. pero no me los cogieron, decían que no eran necesarios”.

El matrimonio formado por Mari Nieves Angulo y Aurelio del Río decía que “hace siete años comenzamos el contrato de alquiler, nosotros siempre hemos pagado, primero a una empresa, después a otra porque a la primera le cortaron la luz de la escalera porque esos primeros propietarios no pagaban y nos quedamos sin luz ni agua …, estamos perdidos, no sabemos qué hacer”.