El Partido Popular de Benicarló propone medidas para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas

PP BENICARLÓ

En el pasado pleno, el Partido Popular de Benicarló presentó una moción
para luchar contra la ocupación ilegal y para mejorar la convivencia
vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las
Comunidades de Propietarios.

Según datos del Ministerio del Interior, ha aumentado el fenómeno de la
ocupación ilegal de viviendas por parte de las mafias en España y ha
continuado el incremento de las denuncias por allanamiento u ocupación a
domicilios. Aunque existen medidas legales para combatir esta forma de
delincuencia, el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado
para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos y,
además, ha de tener en cuenta un bien jurídico a proteger que hasta
ahora no ha tenido la debida consideración: la convivencia vecinal
pacífica y respetuosa. Nos encontramos con situaciones en las que la
ocupación ilegal de una vivienda se produce comportando una alteración
de la convivencia de los vecinos de la Comunidad de Propietarios como,
por ejemplo, por ruptura de las normas de régimen interno de
convivencia, o por realizar actuaciones prohibidas, nocivas o
insalubres. Este ámbito, el de la Comunidad de Propietarios, siendo
civil, ha quedado hasta ahora sin mención jurídica a propósito de la
ocupación ilegal.

Para paliar los perjuicios resultantes de esta lamentable situación, las
medidas propuestas tratan de asegurar el desalojo inmediato de la
vivienda ocupada en caso de flagrante delito, y en caso de que no lo
sea, en 24 horas por parte de la Policía; la recuperación del delito de
usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años para que se
puedan tomar medidas cautelares; así como la imposibilidad de que se
puedan empadronar y tener acceso a determinados beneficios. Además, las
penas deben ser más duras en caso de que se trate de mafias
organizadas.También sería conveniente la modificación de la legislación
tributaria para la reducción de obligaciones contributivas de
arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas.

Por supuesto, es importante deslindar con claridad las situaciones de
vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y de protección
a las familias en situación de emergencia social, del fenómeno de la
ocupación ilegal al que esta iniciativa responde. A un okupa no se le
desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le protege, sin que el
Estado traslade a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno
de estos dos casos.

A pesar de la exposición de unas propuestas de acuerdo que consideramos
beneficiosas para todos, la moción presentada en el pleno por el Partido
Popular de Benicarló no obtuvo los votos necesarios para prosperar,
decayendo a causa de la negativa de los concejales del PSPV-PSOE y de
Compromís.