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Santander, CaixaBank y Bankia han presentado ante el Tribunal Supremo (TS) una demanda contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años, “más los daños causados”.

El pasado mes de abril, las tres entidades presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado, que se hizo efectiva mediante una reclamación ante el Consejo de Ministros. La reclamación no obtuvo otra respuesta que el silencio administrativo, por lo que se entiende desestimada y cabe ahora la posibilidad de recurso.Ahora, recurren por los “los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la pérdida de las inversiones realizadas por ellos tras la declaración de inconstitucionalidad parcial de un real decreto ley, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares”.

LÉALO EN EL MUNDO.

Compromís demana al Govern que aborde amb diligència els pagaments, desmantellament i responsabilitats del Castor

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