Preocupación en Alcalá ante el cierre de la guardería por no ser rentable

BARTOMEU ROIG

El próximo cierre de la guardería municipal de Alcalà, anunciado para finales de este mes, fue objeto de controversia en un pleno extraordinario. El punto del orden del día era una mejora de ayudas para los usuarios, pero hubo comentarios sobre el caso.

El portavoz socialista, Joan Ronchera, solicitó una reunión «para que el Gobierno explique lo que quiere hacer», acusándole de «falta de transparencia». La concejala de Compromís, María Sorlí, solicitó que el consistorio asuma directamente la gestión «para que no estemos a expensas de que la empresa sea o no viable». La portavoz del grupo dirigente, María Agut, respondió que desde que tuvo conocimiento «nos hemos puesto a trabajar», e insistió en lo ocurrido «en Alcossebre, donde pasó algo parecido, y ahora van muchos niños». El Ayuntamiento sacará un nuevo pliego, con medidas más ventajosas para los gestores. «No lo podemos hacer mientras hay un contrato en vigor, y tampoco podemos incorporar a trabajadores porque la normativa lo impide», mencionó, y espera que el cierre «dure el menor tiempo posible».

Las familias de los usuarios de la escuela infantil de Alcalà de Xivert sufrirán un considerable contratiempo con el curso recién empezado, debido a la renuncia de la empresa que gestiona el servicio. El 31 de octubre cerrará sus puertas, debido a la falta de rentabilidad. La guardería, ubicada en dependencias municipales, cuenta en la actualidad con ocho niños. La concejala de Educación, Selene Blázquez, espera que las instalaciones «puedan reabrir en el menor tiempo posible; para ello, ya se está trabajando en un nuevo concurso para el arrendamiento del espacio, en las mismas condiciones que ya hay en la guardería de Alcossebre, donde ocurrió un problema similar en el pasado». Las cláusulas previstas son el otorgamiento de una serie de ayudas para quien asuma la gestión, y una rebaja en el canon del alquiler. La edila añade que, mientras tanto, «los niños de Alcalà podrán ir a Alcossebre, y el Ayuntamiento otorgará una ayuda para el transporte, de hasta 80 euros al mes». Una medida regulada mediante una ordenanza, que fue aplicada durante el cierre de Alcossebre, debido también a la falta de usuarios y rentabilidad. En cambio, en estos momentos cuenta con 29 inscritos.

Desde que se anunció el fin de este servicio, a partir del 1 de noviembre, hay un debate. Desde el Partido Socialista consideran «inadmisible que se llegue a esta situación», y se preguntan «dónde está el equipo de gobierno y qué hace para detener la agonía de este pueblo». Por su parte, Blázquez destaca la ayuda de transporte, «con lo que el precio final para las familias será muy parecido, a la espera de reabrir». Además, el consistorio menciona la solicitud «por escrito a la Conselleria de Educación de la implantación en los colegios públicos del municipio de la enseñanza gratuita de 0 a 3 años, siendo fundamental al menos la Infantil desde los 2».

La sesión plenaria e Alcalà también aprobó aumentar la retribución por acudir a la junta de gobierno. La oposición criticó que era una subida encubierta de sueldo del alcalde, Francisco Juan, que no tiene salario fijo y solo cobra por asistencias. Este respondió que su tope anual es de 44.400 euros, «por debajo de municipios parecidos», y explicó que pensaba compatibilizar estos ingresos con su pensión de jubilado, lo que le fue denegado, «a diferencia de otros alcaldes de localidades vecinas, por lo que estos serán mis únicos ingresos».