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BARTOMEU ROIG Los dirigentes del Ayuntamiento de Peñíscola dieron a conocer hace unas semanas el propósito de contratar vigilantes privados para hacer frente a...

BARTOMEU ROIG

Los dirigentes del Ayuntamiento de Peñíscola dieron a conocer hace unas semanas el propósito de contratar vigilantes privados para hacer frente a las necesidades de seguridad propias de la temporada estival, cuando el municipio multiplica su población.

La junta local del consistorio aprobó  la solicitud de autorización de esta medida a la Subdelegación del Gobierno en Castellón. Pero según señalan fuentes de esta institución al diario Mediterráneo, tal y como ven que «está planteada», no pueden dar el visto bue

no «porque no hay viabilidad legal», argumentan. Desde el organismo estatal añaden que todavía no han recibido la documentación, «por lo que hay que analizar al detalle todo lo que aporten en su petición, pero no hay posibilidad de que pueda haber vigilantes de seguridad junto a policías locales en espacios abiertos». Precisamente es en el paseo marítimo y las inmediaciones de la playa donde pensaban utilizar este recurso, cara a evitar la proliferación de puestos de top manta. Un asunto que cada verano levanta controversia y al que hasta el año pasado se destinaban buena parte de los efectivos temporales contratados por el municipio en los meses de mayor afluencia de visitantes.

La actual ley autonómica de coordinación de este cuerpo pretende reforzar la estabilidad de las plantillas, a costa de impedir las contrataciones de interinos. En el 2018 pudo salvarse la situación mediante la firma de un decreto de la Generalitat, que venció el 31 de diciembre y que no ha sido renovado. La única situación excepcional que permite el actual marco es la sustitución de agentes prejubilados a los 60 años.

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, afirma que la petición «cuenta con un informe de la Policía Local en el que se justifica la necesidad», y reflejan «que hay destinos de la costa catalana, como el Vendrell, donde ya se tomó esta medida». También existe un plan piloto en Sitges, donde vigilantes privados acompañan a policías, de manera que hacen una labor de refuerzo, ya que estos contratados no pueden desarrollar las funciones reservadas a los agentes.

A este respecto, desde la Subdelegación matizan que la normativa aplicada en Cataluña «es distinta a la del territorio valenciano, porque las competencias en seguridad ciudadana están transferidas a la Generalitat». En el caso presumible de que el plan de Peñíscola no reciba autorización, la localidad solo podrá hacer frente a las necesidades con la misma plantilla que tiene en el periodo de temporada baja.

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