En busca de soluciones para mejorar la vigilancia en zonas turísticas

BARTOMEU ROIG (foto M.Castejón)

La normativa autonómica sobre los cuerpos de Policía Local tiene como propósito la dotación de más estabilidad a las plantillas, mediante limitaciones a unos casos de interinidad que en muchos sitios son casi crónicos. Por contra, este objetivo causa auténticos quebraderos de cabeza en localidades turísticas, ya que por este supuesto se ponen cortapisas a la contratación temporal de agentes en la temporada de verano, cuando aumentan las necesidades derivadas del crecimiento de población que experimentan.

A falta de pocas semanas para el arranque de la época de mayor afluencia de visitantes, en Peñíscola han iniciado los trámites para suplir esta situación mediante efectivos de seguridad privada. Fuentes municipales indican que en estos momentos «está en fase de redacción un informe que justifica la medida ante la Subdelegación del Gobierno, con el objetivo de contar con las autorizaciones pertinentes», y que presentarán «en breve». De esta manera, el personal contratado podrá ayudar a los policías en tareas como velar por las ordenanzas de venta en la vía pública, que cada estío se ven incumplidas por la proliferación de puestos de top manta a lo largo del paseo marítimo.

En el caso de esta ciudad, cada año hay presupuestada una partida para tener agentes interinos entre los meses de julio a septiembre. En el 2018, la cantidad de agentes prevista fue de 16 personas. El pasado año ya estaba en vigor la ley de coordinación de policías locales de la Comunitat, pero tras encuentros entre la Generalitat y representantes de municipios afectados quedó establecida una moratoria. Una medida que de momento no llega en este ejercicio, por lo que Peñíscola trabaja en un plan alternativo. Desde el consistorio explican que destinos como el suyo «no pueden tener una plantilla sobredimensionada todo el año por los requerimientos de la temporada alta», por lo que son muchos los municipios que piden «atender esta realidad», subrayan. A pesar de la idea de la seguridad privada, la opción no resulta plenamente satisfactoria, ya que hay tareas que estos contratados no podrán desempeñar, como el control del tráfico.

Desde la UGT de Castellón, Manuel Vidal calificó de «simplemente ilegal» la contratación de seguridad privada, y acusó a los dirigentes del municipio de «intento desesperado y electoralista por contentar a los vecinos». Añadió que para solventar el problema de esta temporada «propusimos medidas para garantizar mayor número de agentes en la calle con el fin de intentar paliar el fenómeno del top manta, pero todas fueron desatendidas desde la dirección del cuerpo y la Concejalía». Entre ellas, «crear siete plazas más de agentes con el dinero de los contratos de verano». El gobierno local responde que existen precedentes en destinos costeros catalanes.