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NOTA DE PRENSA La Sala de lo Penal confirma el archivo de la querella #CasoCastor presentada por un grupo ciudadano en la Audiencia Nacional...

NOTA DE PRENSA

La Sala de lo Penal confirma el archivo de la querella #CasoCastor presentada por un grupo ciudadano en la Audiencia Nacional el pasado 27 de febrero.

Ello no va a suponer el cierre de la iniciativa judicial ya que desde el grupo promotor, -conformado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya-, anunciamos que iremos ante el Tribunal Constitucional. En pocas páginas la Sala de lo Penal resuelve un tema de máxima complejidad, sin valorar ninguno de los indicios de criminalidad: ni las puertas giratorias, ni los sobre-costes, ni la forma del concurso, ni siquiera la modificación de los límites marítimos de una comunidad autónoma.

Se otorga validez judicial a informes contables y auditorias de Deloitte, Det Noske Veritas y PwC avalando las operaciones y costes, como si en términos de corrupción estos documentos tuviesen el valor de una investigación criminal. La historia y la experiencia con auditoras y la banca ha demostrado que frecuentemente estas auditorías son cortinas de humo.

Tampoco se tienen en cuenta en ningún momento los beneficios y el volumen de negocio que el fracasado proyecto Castor ha generado para ACS como elemento de sospecha.

La Sala de lo Penal argumenta básicamente que no hay concierto criminal, ya que son partidos diferentes en gobiernos diferentes. Es cierto, pero hay un hilo conductor que los une a todos: Florentino Pérez. Estos son solo algunos de los argumentos que consideramos clave para seguir adelante con la acción judicial, y así lo haremos.

Según publica EUROPA PRESS, la Audiencia concluye que los hechos descritos en el recurso no revisten de “apariencia delictiva” por lo que resulta inviable una instrucción prospectiva, máxime cuando entre las diligencias que proponía la demanda no se propende revisar las auditorías que sustentaron la indemnización que se extendió a ESCAL (ACS es accionista mayoritario) por el cierre del almacén de gas subterráneo Castor. VEA EUROPA PRESS 

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